Por Mario Román del Valle
Diversos estudios y ensayos universitarios han señalado que en las dos
décadas posteriores a la Expropiación petrolera, el gobierno mexicano
trató a toda costa , de debilitar el ala democrática de los principales
sindicatos industriales del país. Por ello, fue imponiendo direcciones
sindicales charras y permitiendo (y aún promoviendo) cacicazgos regionales.
Tal fue el caso de lo que ocurrió en Poza Rica, durante aquel periodo
en el que el ing. Jaime J. Merino se convirtió en “el cacique bueno”
de nuestra región y su contraparte fue el dirigente sindical Pedro Vivanco
Garcia.
Durante esos años de dominio caciquil (1994-1959), Poza Rica experimentó
un extraordinario auge productivo, acompañado de un vertiginoso crecimiento
urbano, pero también vivió una era de considerable violencia
y represión, de la cual – lamentablemente se conoce muy poco -
, pues los defensores del merinismo han inventado “fábulas”
y burdas mentiras sobre lo que pasó en realidad en aquel tiempo.
Veamos y analicemos analicemos algunos ejemplos de dicha violencia.
El 16 de febrero de 1956, tuvo lugar un robo a la caja general de Petróleos
Mexicanos en nuestra ciudad, el cual ascendió a la cantidad de 219 mil
pesos ( lo cual constituía entonces una enorme fortuna). El caso estuvo
rodeado de múltiples circunstancias sospechosas (descuido en la vigilancia
de la caja, errores administrativos, etc.)
Uno de los más importantes reporteros del país, en aquel tiempo,
Armando Rodríguez, trabajando para la revista “Protesta”,
investigó este caso, del cual señalaba: “el robo se imputó
al soldado José Lugo Florencia, del 7º. Batallón de Infantería.
El dinero jamás apareció, agregaba el reportero, no así
el soldado, cuyo cadáver se encontró en las cercanías de
Naranjos, Ver., poco tiempo después de haberse cometido el robo”.
El informe periodístico, acompañado de múltiples críticas
y denuncias sobre “el robo organizado” de Merino y los suyos, no
dejaba dudas de que el ameritado reportero suponía que la mano de los
caciques estaba detrás de la sustracción de dinero en la caja
de PEMEX. Y efectivamente, en la petrolera ciudad, “ello fue un secreto
a voces”.
Adentrémonos en el conocimiento de otro hecho más. En diciembre
de 1956 se estaban renovando las delegaciones sindicales de los distintos departamentos
de Petróleos Mexicanos. El superintendente Merino, de común acuerdo
con Vivanco, elegía directa y ostensiblemente a quienes serían
los flamantes delegados. Empero, en varios departamentos surgieron candidatos
opositores a la voluntad oficial. Tal fue el caso del departamento de Materiales.
Se presentó una acalorada asamblea departamental, en la que los charros
no pudieron imponer a la brava al candidato merinista, pues evidentemente una
amplia mayoría se oponía a ello. Hubo empujones, forcejeos, golpes
y amenazas. Los pistoleros merinistas, rabiando, tuvieron que abandonar el recinto
sindical.
Y unos cuantos días después el trabajador petrolero Genaro Cruz
(integrante de dicho departamento) recibió un balazo, que puso gravemente
en peligro su vida, por parte del que era entonces secretario del exterior
también del ejecutivo de la sección 30, Juan Ramírez Guillermo,
quien había llegado a ese cargo por ser un dirigente y abyecto pistolero
a las órdenes de Merino y Vivanco.
El herido fue recobrando su salud lenta y penosamente, al tiempo que el agresor
fue protegido por sus poderosos jefes, sin pisar la cárcel y sin ser
molestado siquiera por un remedo de investigación judicial.
Pongamos atención a un caso más. El periódico “La
voz de Poza Rica”, que dirigían los valientes ciudadanos Alberto
Román Gutierrez y Fausto Dávila Solís, informaba en su
edición del viernes 17 de agosto de 1956, que un funcionario merinista,
de nombre Desiderio Gudini había intentado ultrajar a una mujer pozarricense
en plena vía pública, golpeándola salvajemente para tal
fin e insultándola después al no poder alcanzar la prosecución
de sus bajos y bestiales instintos. Una vez más, el esbirro merinista
disfrutó de la impunidad y a los personajes decentes de Poza rica no
les quedó otro recurso que la denuncia periodística y el señalamiento
moral sobre tal proceder. Y es que en ese tiempo en que predominaban los pistoleros
y matones al servicio del “cacique bueno”, pareciera que las bestias
y los depravados andaban sueltos y deambulando libremente por esta ciudad sin
ley, en la que reinaba la corrupción, la represión y el autoritarismo.
Citemos un último caso, el cual ocurrió en septiembre de 1958,
cuando el grupo sindical democrático “Los Goyos”, intentó
infructuosamente por cierto, tumbar a los dirigentes charros de la sección
30. Pero otra vez los pistoleros merinistas entraron en funciones: el líder
sindical Enrique A. Castillo fue objeto de atentados contra su vida y el candidato
oposicionista a la secretaría general, Don Rufino Rodríguez, recibió
un balazo en la cabeza que lo dejó lisiado para el resto de sus vida.
Y de nuevo la impunidad del sistema corporativo priísta de aquellos años.
Después vendría la terrible y tristemente célebre matanza
de “Los Goyos” y el asesinato del periodista Alberto J. Altamirano,
así como las persecuciones, las amenazas, las rescisiones de contratos
laborales, la quemazón de casas de opositores, y los presos políticos.
A tanta llegó la fama nacional del cacicazgo político nada benevolente
y sí muy represor de Jaime Jerónimo Merino , que la prensa nacional
divulgaba con precisión y claridad la existencia de lo que se conocía
como “el cementerio particular de Merino”, en un cercano sitio conocido
como El Súchel, en el municipio de Venustiano Carranza, Puebla, del cual
hablaremos en próxima entrega.
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